ALCANCES DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA: GUATEMALA

El Congreso de la República, tras reiterados intentos fallidos de reformas e iniciativas para modificar o derogar la Ley de Migración, finalmente aprobó el 20 de septiembre de 2016, el Código de Migración, derogando parcialmente la Ley de Migración (que data desde el año 1998) y, dejando vigente únicamente el Titulo X sobre Delitos y Faltas, que fue modificado en el año 2015.

La nueva regulación en materia migratoria contempla varios aspectos tales como el fortalecimiento a la seguridad migratoria del país, el reconocimiento pleno al derecho a migrar y el respeto a los derechos de las personas migrantes e incluye una reestructuración institucional, promoviendo una regularización migratoria más ordenada abordando elementos del derecho migratorio internacional.

  1. Protección a migrantes

El nuevo Código reconoce plenamente el derecho a migrar e incorpora de forma armónica la responsabilidad del Estado en garantizar sin discriminación alguna la integridad personal, la vida y la libertad de toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional, estableciendo una debida atención, asistencia, seguridad y protección para el migrante tanto en categoría de asilados y refugiados como para trabajadores migratorios, sus familiares y demás migrantes que ingresen al país con fines lícitos.

Asimismo, contempla una definición del derecho migratorio guatemalteco, siendo éste el que regula la libertad de las personas de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, de acuerdo con los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Política de la República, la legislación nacional y los instrumentos internacionales.

Con respecto al derecho al trabajo de migrantes, el Código reconoce que el Estado de Guatemala debe garantizar a toda persona migrante y sus familias los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la legislación nacional y el derecho internacional reconocido en nuestro país.

Define al trabajador migratorio como “toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en territorio nacional” y reconoce distintas categorías de trabajador migratorio:

  1. Trabajadores transfronterizos e itinerantes
  2. Trabajadores de temporada
  3. Trabajador consultor, asesor o técnico especializado
  4. Trabajador por cuenta propia

 

  1. Reestructuración institucional

Se retira la dependencia existente entre la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación (actual autoridad máxima en materia migratoria) y se crea el Sistema Migratorio Guatemalteco que estará conformado por la Autoridad Migratoria Nacional, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante. Dicho sistema migratorio, tendrá como fin velar por el migrante, la regulación apropiada y efectiva del ingreso – salida de guatemaltecos y extranjeros y, deberá actuar bajo los principios de oficiosidad, oportunidad, independencia e imparcialidad y transparencia. Igualmente, se le otorga al referido Instituto la potestad sancionatoria en el ámbito exclusivo de su competencia, entre ellos la imposición de faltas administrativas, sanciones pecuniarias y ordenar el abandono del país.

  • Entrada en vigor

La nueva regulación en materia migratoria (Decreto 44-2016), aún sin vigencia, por existir una acción de amparo promovida ante la Corte de Constitucionalidad que otorgó amparo provisional[1],  establece, esencialmente lo siguiente:

  1. Durante los primeros seis meses de entrada en vigencia, el Consejo de Atención y Protección deberá establecer sesiones para definir una agenda de trabajo que le permita tener en un año, reuniéndose cuantas veces sea necesario, una definición de los procedimientos a seguir para los casos señalados dentro de las acciones que le han sido encomendadas por el Código.
  2. La Autoridad Migratoria Nacional se deberá conformar 60 días después de la entrada en vigencia del Código para iniciar con la emisión de reglamentación y el plan de transición, los cuales deberán ser emitidos en un plazo de seis a doce meses.
  3. Todas las solicitudes, procedimientos y trámites existentes antes de la entrada en vigencia del Código, serán resueltos conforme la Ley de Migración anterior.

“La nueva legislación en materia migratoria representa un avance significativo en el sistema de protección y seguridad del migrante en sus distintas categorías y una renovación al sistema migratorio actual” que se ha caracterizado como poco adaptable en las necesidades actuales de la vida moderna y una nivelación o equiparación legislativa a nivel centroamericano por haber sido en su momento la Ley migratoria menos actualizada en dicha región.

Su aplicación representará un cambio sustancial frente a la actual legislación y existente actuación de la Dirección General de Migración, dependencia que está imposibilitada materialmente para responder a las necesidades, condiciones y controles mínimos que la migración requiere.

El nuevo modelo de administración descentralizado no solamente deberá reconocer y velar por el derecho a migrar y los derechos humanos del migrante, sino que deberá responder a las condiciones administrativas y estándares internacionales de las migraciones, brindando certeza jurídica a los procesos que afecten la permanencia y regularización del migrante en el país.

De esa cuenta, resulta sumamente importante velar porque el o los Reglamentos de dicha ley, que aún están en proceso de emisión, estén alineados al marco legal ordinario y que, permitan la ejecución de los principios, bases y políticas del sistema nacional de migración que impulsa el nuevo Código y por medio de ellos se alcance una adecuada coordinación con las dependencias de Estado, organismos internacionales y principalmente la sociedad civil.

[1] Corte de Constitucionalidad. Expediente Número 6351-2016, 16 de diciembre de 2016, Guatemala.

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