La lucha contra la corrupción como impulso a la competitividad

Más allá de los movimientos ciudadanos de 2015 y del papel que ha jugado la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de desmantelar redes de crimen organizado y corrupción, Guatemala recorre hace tiempo un camino que busca alinearse con la agenda internacional de lucha contra la corrupción. Cada vez se hace más evidente que para alcanzar un crecimiento económico sostenido, atraer inversión y ser competitivos, el factor de cambio reside en la solidez institucional y el grado de fiscalización social que se haga del poder público. Para impulsar esta infraestructura competitiva y productiva es relevante y necesaria la lucha contra la corrupción.

La corrupción – el abuso o mal uso del poder para satisfacer fines particulares – es uno de los problemas que persisten en todo el mundo, afectando la certeza jurídica y la credibilidad en las instituciones públicas.  El hecho de que unos pocos se beneficien a través de privilegios, da como resultado una sensación generalizada de desconfianza que afecta la productividad de un país. Esta desconfianza es la responsable de mantener las instituciones débiles e incapaces de funcionar como debieran, puesto que el ciudadano no ve un incentivo en exigir la rendición de cuentas ni participar de un juego limpio; además, para algunos es conveniente que el sistema falle. Cuando tenemos instituciones débiles, las reglas son más fáciles de romper, crece la falta de credibilidad y desaprobación institucional, y cada vez se hace menos por recuperarlas.

Este círculo vicioso de debilidad institucional y apatía ciudadana dificulta el crecimiento económico sostenible y el desarrollo, distorsionando la competencia y el libre mercado, puesto que algunos grupos, empresas o individuos se verán beneficiados artificialmente. Además, es un desperdicio de capital económico y social que afecta el crecimiento, aumenta la desigualdad y la pobreza, alimentando y reproduciendo la desconfianza. Como han sugerido Shleifer y Vishny, la corrupción toma la forma de un impuesto sobre la actividad económica que llega a ser aun más costoso (y por supuesto, dañino) que los impuestos legales, agregando un coste financiero adicional de 10%, aproximadamente.

El Indice Global de Competitividad más reciente (2017-2018) que publica el WEF mide la competitividad nacional de 137 economías; es decir, un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad. La infraestructura social que incluye educación, salud e instituciones políticas (incluyendo políticas fiscales y monetarias), definen el contexto en que se desarrolla la actividad productiva.  Guatemala no ha variado mucho su calificación en los últimos cinco años; actualmente, ocupa el puesto número 84, con un índice de 4.1, donde 7 es el rango más alto y 1 el más bajo.  Al igual que la mayoría de países latinoamericanos, Guatemala presenta baja productividad, alta informalidad, baja diversificación en las exportaciones, así como un crecimiento insuficiente para crear empleo ni financiar una demanda creciente de bienes públicos de calidad. Se hace necesario, entonces, fortalecer sus capacidades de adaptación a las condiciones internacionales cambiantes y procurar nuevas formas de crecer sostenidamente, mediante una agenda competitiva que estimule el emprendimiento y permita el surgimiento de nuevos negocios innovadores.

Actualmente, se desarrollan y aplican reglas estandarizadas de cumplimiento internacional que obligan a las compañías a aplicar medidas de lucha contra la corrupción para mantenerse competitivos, fortalecer su reputación y proteger los intereses de sus accionistas. A sabiendas de los efectos económicos y sociales que tiene este comportamiento distorsionante, organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y WEF, continúan promoviendo medidas de prevención, detección y control de la corrupción en los países con el objetivo de facilitar su desarrollo y crecimiento económico – y que no terminen aislándose de la nueva forma de intercambiar e invertir.

El consenso actual es que el crecimiento económico necesita enfocarse más en el bienestar humano, con la acción coordinada del Estado, la comunidad empresarial y la sociedad civil. Estos actores aportan en todos los factores de competitividad en forma paralela, a fin de alcanzar resultados de largo plazo – logrando espacios de la política económica donde todos los sectores puedan ganar.  Las distorsiones que provoca la corrupción pueden ser solucionadas efectivamente con la colaboración público-privada que se enfoque en fortalecer las instituciones políticas y hacer contrapeso mediante la rendición de cuentas, evaluaciones de desempeño e impulso de reformas pendientes. Guatemala ya se encuentra, de hecho, embarcada en este proceso de cambio hacia una forma distinta de hacer las cosas. 

La lucha contra la corrupción aumenta la disposición para emprender negocios e invertir – no al revés.  El crecimiento económico y la productividad apoyada sobre una infraestructura social e institucional adecuada mejora la competitividad en el tiempo, pues se recupera la certeza jurídica y la confianza social, donde se establece un nuevo orden de incentivos que forman parte del juego limpio. En este nuevo contexto, la competitividad contribuye al objetivo más amplio de progreso económico enfocado en el ser humano, facilitando la creación y distribución de recursos que se inviertan en educación, salud, seguridad y mayores ingresos por habitante.

Mariana Castellanos Mottola
Politóloga y Consultora Independiente

Bibliografía

  • Ulman, Simona Roxana. (2013). Corruption and National Competitiveness in Different Stages of Country Development. Procedia Economics and Finance, 6, 150-160. 20 de octubre 2018, De Science Direct.
  • Schwab, Klaus. (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Ginebra: World Economic Forum
  • Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2017. 20 de octubre 2018, de Transparency International Sitio web: www.transparency.org
  • Castellanos, Mariana. (2016). El Rescate del Funcionario Publico. Revista Análisis de la Realidad Nacional del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), 95, página 80. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
  • Castellanos, Mariana. (2014). The Impact of International Norms on Civil Society’s Ability to Control Corruption: The Case of Guatemala. McGill University
  • Shleifer, Andrei y Vishny, Robert W. (1993). Corruption. Quarterly Journal of Economics ,108 (3): 599-617.